Kpital Legal Abogados Especialistas es una firma jurídica enfocada en la recuperación de impagos y la gestión de deudas, ofreciendo soluciones legales eficaces, personalizadas y orientadas a resultados a clientes de toda España.
Kpital Legal S.L. es una firma especializada en ofrecer asesoramiento legal riguroso y personalizado, con el objetivo de proteger los intereses de sus clientes tanto en el ámbito profesional como particular y lograr los mejores resultados posibles en cada caso.
Nuestra trayectoria en el sector legal, junto con la confianza depositada por una amplia y diversa cartera de clientes, nos ha permitido adquirir una sólida experiencia en la naturaleza y las particularidades de las relaciones comerciales en su conjunto.
El profundo conocimiento del entorno en el que operan nuestros clientes nos permite optimizar tiempos y esfuerzos, identificando con precisión la solución jurídica más eficaz ante cada situación o problema de gestión.
En Kpital Legal S.L. trabajamos para garantizar la máxima satisfacción de nuestros clientes, incrementando la eficacia de cada actuación y reduciendo el impacto de las incidencias, siempre apoyados en la innovación, el análisis exhaustivo del marco legal y el estricto respeto a los principios éticos y deontológicos de la profesión.
La Ley de Segunda Oportunidad es un mecanismo legal que permite a personas físicas, tanto particulares como autónomos, liberarse de sus deudas y superar situaciones de insolvencia.
La insolvencia se define como la incapacidad de un deudor para cumplir regularmente con sus obligaciones de pago exigibles. No se trata simplemente de tener deudas, sino de que estas superen significativamente la capacidad de generar ingresos y activos suficientes para saldarlas.
Para demostrar la insolvencia, se debe presentar documentación que acredite el estado de deudas, los ingresos, los gastos y los activos disponibles. Un abogado especializado puede ayudarte a recopilar y presentar esta información de manera efectiva.
Pueden incluirse, entre otras, deudas derivadas de préstamos personales, tarjetas de crédito, créditos al consumo, líneas de financiación y deudas con proveedores.
Determinadas deudas pueden tener un tratamiento específico o limitaciones legales, por lo que es imprescindible realizar un estudio previo para definir la estrategia más adecuada en cada caso.
Se considera deudor de buena fe a quien ha actuado con transparencia, sin ocultar bienes ni generar la insolvencia de forma fraudulenta, y colabora activamente aportando información veraz durante el procedimiento.
Este requisito es esencial para garantizar que la Ley de la Segunda Oportunidad se aplique correctamente y se evite su uso indebido.
La situación de la vivienda habitual se analiza caso por caso, teniendo en cuenta la existencia de hipoteca, el valor del inmueble, la capacidad de pago y la estrategia legal adoptada.
No existe una solución única, por lo que resulta clave un análisis previo que permita valorar las opciones disponibles.
La duración depende de la complejidad del caso, la documentación aportada y la carga de trabajo del juzgado. Una preparación adecuada ayuda a reducir tiempos y evitar incidencias.
En caso de no cumplir los requisitos, puede no concederse la exoneración o concederse de forma parcial. Por ello es fundamental realizar un estudio de viabilidad previo al inicio del procedimiento.
La existencia de avalistas puede implicar que la entidad acreedora reclame el pago a estos. Cada aval debe analizarse individualmente para conocer su alcance y consecuencias.
Sí, los autónomos pueden acogerse siempre que cumplan los requisitos legales. Es especialmente importante revisar ingresos, gastos, deudas profesionales y situación patrimonial.
En caso de existir un régimen económico de gananciales, la situación patrimonial debe analizarse con especial detalle. Durante un proceso de divorcio, la liquidación de la sociedad de gananciales puede influir en el procedimiento de la Ley de la Segunda Oportunidad.
Es fundamental determinar qué bienes y deudas son gananciales y cuáles privativos, así como el momento en el que se produce la disolución del régimen económico. Un asesoramiento legal adecuado permite coordinar ambos procesos y evitar incidencias.
Los créditos públicos, como los derivados de deudas con Hacienda o la Seguridad Social, tienen un tratamiento específico dentro de la Ley de la Segunda Oportunidad.
En función del caso, puede analizarse la posibilidad de exoneración parcial o su inclusión dentro de un plan de pagos. Por ello, resulta imprescindible estudiar el origen y cuantía de la deuda pública para definir la estrategia legal más adecuada.
Pueden acogerse a la Ley de la Segunda Oportunidad personas físicas, tanto particulares como autónomos, que se encuentren en situación de insolvencia y cumplan los requisitos legales exigidos.
Cada caso debe analizarse de forma individual, valorando ingresos, gastos, deudas y patrimonio, así como el cumplimiento de los criterios de buena fe. Un estudio previo de viabilidad es clave para determinar si el procedimiento es adecuado.
